El secretario Ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, Carlos Viteri; y la secretaria de Pueblos, Alexandra Ocles, rechazaron la manipulación por parte de políticos de oposición la supuesta defensa de la minería ilegal en la provincia oriental de Zamora Chinchipe.
Este miércoles se produjeron incidentes a la altura del puente sobre el río Nangaritza, en el sector de Paquisha, cuando un grupo de policías llegó con la orden de desalojar a mineros ilegales asentados en el sector de Conguime.
“Allí lo que se está planteando es un discurso de resistencia, es una posición absolutamente errada, manipulada políticamente por actores de la oposición que se encuentran en la provincia. Hablar de resistencia es resistirse al cambio, es decir, mantenerse en la misma condición de olvido, desamparo, en condición de mineros ilegales”, dijo Viteri a la Agencia Pública de Noticias, ANDES.
Las críticas de los representantes del régimen apuntan al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; y al asambleísta de Pachakutik, Cleber Jiménez, quienes incluso convocaron a una asamblea el pasado domingo para “organizar” la resistencia.
Viteri explicó que lo que el Gobierno busca es organizar a los mineros para que dejen la condición de ilegales y que realicen la actividad con respeto al ambiente.
Según Viteri en la zona existen alrededor de 1500 mineros ilegales (pequeños y artesanales) los que luego del desalojo pueden acogerse a un proceso de regularización.
Dijo que en Zamora Chinchipe la actividad minera ilegal está causando efectos devastadores al medio ambiente.
“Hay una situación compleja en el sentido de que las necesidades de las comunidades vienen siendo aprovechadas de intermediarios, de pequeños mineros, que no son tan pequeños porque tienen hasta maquinaria pesada”, indicó.
Manifestó que ese tipo de situaciones podrían arreglarse a través de los procesos de diálogo que ha intentado promover el Gobierno, pero que, sin embargo, ha sido obstruido por la evidente manipulación de actores políticos de oposición que convierten en plataforma la defensa de la minería ilegal.
“Es paradójico porque hace unos meses el gobierno provincial de Zamora Chinchipe se llenaba la boca declarando a la provincia como pulmón de la madre tierra y fuente de agua y vida y, sin embargo, ahora por intereses políticos se encuentran apoyando una minería ilegal altamente contaminante”, expuso.
Minería ilegal actúa a su libre albedrio
Ocles, por su parte, defendió la acción del Gobierno para desalojar la zona en la que se asientan los mineros ilegales con el fin de garantizar las descontaminación de la zona y para que éstos se inserten en un proceso de regularización.
Dijo que existen mineros que al margen de la ley utilizan maquinaria pesada y grandes cantidades de mercurio para realizar su actividad.
“El Estado tiene la potestad de regular una serie de aspectos, entre ellos los recursos estratégicos, y, efectivamente, entramos a regular todo el desorden y el caos generado a partir de la minería ilegal”, dijo Ocles a la Radio Pública.
“La minería ilegal está actuando a su libre albedrio, sin ninguna norma técnica, sin ninguna consideración de los pasivos ambientales, incluso eso de entrar a comprar territorio de las comunidades para generar minería complica la convivencia misma de las nacionalidades allí asentadas, y del pueblo en general”, recalcó. /ARC
Este miércoles se produjeron incidentes a la altura del puente sobre el río Nangaritza, en el sector de Paquisha, cuando un grupo de policías llegó con la orden de desalojar a mineros ilegales asentados en el sector de Conguime.
“Allí lo que se está planteando es un discurso de resistencia, es una posición absolutamente errada, manipulada políticamente por actores de la oposición que se encuentran en la provincia. Hablar de resistencia es resistirse al cambio, es decir, mantenerse en la misma condición de olvido, desamparo, en condición de mineros ilegales”, dijo Viteri a la Agencia Pública de Noticias, ANDES.
Las críticas de los representantes del régimen apuntan al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe; y al asambleísta de Pachakutik, Cleber Jiménez, quienes incluso convocaron a una asamblea el pasado domingo para “organizar” la resistencia.
Viteri explicó que lo que el Gobierno busca es organizar a los mineros para que dejen la condición de ilegales y que realicen la actividad con respeto al ambiente.
Según Viteri en la zona existen alrededor de 1500 mineros ilegales (pequeños y artesanales) los que luego del desalojo pueden acogerse a un proceso de regularización.
Dijo que en Zamora Chinchipe la actividad minera ilegal está causando efectos devastadores al medio ambiente.
“Hay una situación compleja en el sentido de que las necesidades de las comunidades vienen siendo aprovechadas de intermediarios, de pequeños mineros, que no son tan pequeños porque tienen hasta maquinaria pesada”, indicó.
Manifestó que ese tipo de situaciones podrían arreglarse a través de los procesos de diálogo que ha intentado promover el Gobierno, pero que, sin embargo, ha sido obstruido por la evidente manipulación de actores políticos de oposición que convierten en plataforma la defensa de la minería ilegal.
“Es paradójico porque hace unos meses el gobierno provincial de Zamora Chinchipe se llenaba la boca declarando a la provincia como pulmón de la madre tierra y fuente de agua y vida y, sin embargo, ahora por intereses políticos se encuentran apoyando una minería ilegal altamente contaminante”, expuso.
Minería ilegal actúa a su libre albedrio
Ocles, por su parte, defendió la acción del Gobierno para desalojar la zona en la que se asientan los mineros ilegales con el fin de garantizar las descontaminación de la zona y para que éstos se inserten en un proceso de regularización.
Dijo que existen mineros que al margen de la ley utilizan maquinaria pesada y grandes cantidades de mercurio para realizar su actividad.
“El Estado tiene la potestad de regular una serie de aspectos, entre ellos los recursos estratégicos, y, efectivamente, entramos a regular todo el desorden y el caos generado a partir de la minería ilegal”, dijo Ocles a la Radio Pública.
“La minería ilegal está actuando a su libre albedrio, sin ninguna norma técnica, sin ninguna consideración de los pasivos ambientales, incluso eso de entrar a comprar territorio de las comunidades para generar minería complica la convivencia misma de las nacionalidades allí asentadas, y del pueblo en general”, recalcó. /ARC
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